por Pascale Bonnefoy M. y John Dinges (Click here to read this article in English)
De las gestiones y sumarios que se hicieron o no se hicieron en el Segundo Juzgado Militar respecto de las ejecuciones de 1973 casi no hay rastros. Sólo existen los libros sobre el “estado de causas” que ArchivosChile pudo revisar en dependencias de ese juzgado. Estos libros son resúmenes muy sucintos de sumarios, que en algunos casos culminaron en Consejos de Guerra, de prisioneros políticos que sobrevivieron.
Ningún sumario se refiere a una investigación de los 785 casos de muertes violentas entre septiembre y diciembre de 1973 que, según los registros del Servicio Médico Legal, cayeron bajo la jurisdicción de las fiscalías militares.
Los expedientes mismos de esa época, afirma el Ejército, perecieron a causa de un atentado incendiario en 1989. Es la versión que el Ejército entregó al Ministerio de Defensa en 2003 al ser requerido a entregar antecedentes sobre la muerte de José Tohá en marzo de 1974. El juez que investigaba esa causa, Jorge Zepeda, había pedido antecedentes sobre el caso al Segundo Juzgado Militar, pero el juzgado le respondió que no tenía. Entonces el Ministerio de Defensa hizo el intento con el Ejército.
El Ejército respondió que “los procesos tramitados por tribunales militares en tiempo de guerra fueron originalmente archivados en dependencias de la entonces Escuela de Educación Física del Ejército, expedientes que en su gran mayoría resultaron destruidos a raíz de un atentado con bomba incendiaria que afectó al citado instituto, ocurrido el día 14 de noviembre de 1989”.
Y agregó: “Este hecho fue oportunamente investigado por la Sexta Fiscalía Militar de Santiago en causa rol Nº 17109-89”.[1]
La destrucción de los documentos ocurrió durante los meses previos a que el régimen militar entregara el poder al gobierno civil de Patricio Aylwin en marzo de 1990, luego de 17 años de dictadura. Al ser derrotado el general Augusto Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, al régimen le quedó menos de un año y medio para preparar su salida del Ejecutivo. En ese contexto, el 30 de diciembre de 1988, la Junta Militar emitió el Decreto Ley 18.771 que autorizó al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, eliminar sus archivos en lugar de enviarlos al Archivo Nacional como era obligación reglamentaria para los órganos administrativos del Estado.
Años de expedientes incinerados
ArchivosChile consultó el estado de la causa sobre el atentado incendiario en el Segundo Juzgado Militar. La investigación partió con un oficio enviado el 22 de noviembre de 1989 por el Cuartel General del Comando de Institutos Militares sobre un atentado a la Escuela de Educación Física. El sumario que se abrió una semana después terminó con un dictamen del fiscal militar en agosto de 1990 solicitando el sobreseimiento total y temporal de la causa. El Juez Militar acogió ese dictamen en enero de 1991, pero siete meses después, la causa fue enviada en consulta a la Corte Marcial. En diciembre de 1991, la Corte Marcial aprobó el sobreseimiento.[2]
ArchivosChile pidió formalmente al Segundo Juzgado Militar el desarchivo del expediente el 15 de septiembre de 2011. Al 11 de enero de 2012, el juzgado aún no resolvía sobre la solicitud.
Tampoco Carabineros y la Policía de Investigaciones se restaron de la piromanía. De acuerdo a un oficio enviado por Carabineros a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que le había solicitado antecedentes sobre una treintena de casos de derechos humanos, toda esa documentación había sido “incinerada, luego de haber cumplido su tiempo reglamentario en el archivo”. La quema abarcó archivos hasta el año 1989.
La Policía de Investigaciones respondió de manera similar cuando fue requerida por la Corporación a entregar antecedentes sobre la muerte de un poblador. En su oficio , Investigaciones afirma que “los Partes e Informes a los Tribunales correspondientes al año 1973 fueron incinerados, conforme a la reglamentación existente en la época.”
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[1] El número de causa es en realidad Rol 1710-89, según pudo comprobar ArchivosChile.
[2] Desde su archivo en febrero de 1992, esta causa ha sido solicitada por la jueza Cecilia Flores, quien investigaba crímenes de derechos humanos en San Bernardo (2002) y cuatro veces por el Auditor General del Ejército (1996, 2000, 2003 y 2005). Según un funcionario del Segundo Juzgado Militar, más recientemente, distintos magistrados también han solicitado verbalmente que se les remitiera la causa para tenerla a la vista.
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